CNDH emite recomendación a Fiscalía e IJCF por graves omisiones en Rancho Izaguirre
Por: Adrián Montiel González. Fotos: Ulises Ruiz/Guerreros Buscadores de Jalisco. Fecha: 16 de marzo, 2026
A un año del hallazgo de calzado, prendas de vestir y evidencias en el Rancho Izaguirre ubicado en Teuchitlán, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 11/2026 dirigida a la Fiscalía de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la investigación.
El organismo nacional acreditó que personal de ambas instituciones vulneró los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia. Además, omisiones sistemáticas en la preservación del lugar de los hechos, el procesamiento de indicios, la cadena de custodia y la dirección de la investigación.
Lo anterior derivó en la pérdida de evidencia clave y la alteración de la escena donde se buscaban posibles sitios de inhumación de personas desaparecidas.
Deficiencias desde el inicio de la investigación
El caso tuvo su origen el 18 de septiembre de 2024, cuando elementos de la Guardia Nacional atendieron un reporte del C5 sobre disparos de arma de fuego en el Rancho. En el sitio se logró la detención de diez personas y el aseguramiento del inmueble.
Ese mismo día se inició una carpeta de investigación. En la indagatoria se iniciaron procesos por los delitos de desaparición cometida por particulares agravada, homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.
Sin embargo, la CNDH documentó omisiones en la recolección y resguardo de la totalidad de los objetos relacionados con la investigación. Lo anterior desde las primeras diligencias realizadas entre el 18 de septiembre y el 3 de octubre de 2024 por el personal de la Policía Investigadora de la Fiscalía y del IJCF.
Además, en el informe arqueológico forense elaborado por peritos del IJCF, personal especializado de la CNDH advirtió la presencia de diversas evidencias en el interior del inmueble. Pese a la potencial relevancia criminalística, no fueron preservadas ni sometidas a procesamiento técnico.
El dictamen en materia de criminalística realizado por la CNDH reveló que los servidores públicos identificados no llevaron a cabo de manera integral el procesamiento técnico de los indicios. En específico lo relacionado a la identificación, documentación, levantamiento, embalaje y etiquetado.
La omisión incumple lo establecido en el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales sobre cadena de custodia.
Pérdida de vehículos asegurados y dilación en peritajes
Uno de los hallazgos más graves documentados en la recomendación es la sustracción de tres vehículos automotores. Los vehículos estaban asegurados y bajo resguardo de la Fiscalía. El 25 de noviembre de 2024, estos vehículos fueron robados del depósito vehicular. Y, hasta ese momento, no fueron sometidos al procesamiento técnico integral.
La CNDH constató que la solicitud formal para realizar la búsqueda de indicios en los siete vehículos localizados en el Inmueble 1 se realizó hasta 2025, cuando ya tres de ellos habían sido sustraídos. La dilación injustificada impidió analizar científicamente posibles evidencias que pudieran encontrarse en su interior. Esto podría representar una pérdida de evidencia para el esclarecimiento de los hechos.
De igual forma, el organismo acreditó que pasaron casi seis meses entre la recepción de las muestras biológicas de una de las víctimas —los restos fueron localizados en el Rancho Izaguirre—, y su análisis genético para comparación con el banco de datos de familiares de personas desaparecidas.
Una de las peritas del IJCF emitió el dictamen correspondiente hasta marzo de 2025, cuando las muestras fueron recabadas desde septiembre de 2024.
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Ingreso no autorizado al inmueble y alteración de la escena
A pesar de que el Rancho Izaguirre se encontraba formalmente asegurado por acuerdo ministerial desde septiembre de 2024, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco entró el 5 de marzo de 2025. En el interior documentaron el hallazgo de nuevos indicios como las centenas de pares de zapatos.
Para la CEDH el ingreso del colectivo evidenció que, durante 168 días, el inmueble careció de custodia efectiva por parte de las autoridades.
La situación se agravó el 20 de marzo de 2025, cuando una agente del Ministerio Público permitió el ingreso masivo de personas al inmueble. Lo hizo pese a que aún se encontraba en proceso de intervención pericial.
Aunque el acceso pretendía realizarse de manera controlada mediante cinta plástica y delimitación de zonas, el número considerable de participantes provocó la pérdida de control del área. Además de la alteración del lugar y de los indicios que potencialmente podrían encontrarse.
La CNDH subrayó que esta actuación comprometió la integridad del lugar de los hechos y la confiabilidad de los elementos probatorios. Esto afectó directamente los derechos de las víctimas potenciales y sus familias a conocer la verdad.
Relacionado con lo anterior, el organismo nacional advirtió que el IJCF exhibió en su página de internet oficial un archivo electrónico con la clasificación, descripción y registro fotográfico de mil 842 indicios recabados en el Rancho Izaguirre. Esta exposición pública comprometió la trazabilidad y disponibilidad de los elementos probatorios.
Responsabilidades y medidas de reparación
La CNDH acreditó la responsabilidad de 11 servidores públicos de la Fiscalía y del IJCF. Sus acciones y omisiones constituyeron violaciones a los derechos humanos. Entre ellos se encuentran agentes del Ministerio Público, personal de la Policía Investigadora y peritos forenses que intervinieron en el procesamiento del inmueble.
El organismo anunció que presentará denuncias administrativas ante las contralorías internas correspondientes contra seis funcionarios de la Fiscalía y cinco del IJCF. Con ello se busca que los investiguen y, en su caso, se les sancione por las conductas irregulares.
Como parte de las medidas de reparación, la CNDH solicitó a ambas instituciones la realización de un acto público. En él, deberán reconocer la responsabilidad y ofrecer una disculpa pública en un plazo de seis meses.
También deberán elaborar o actualizar un protocolo de actuación para la correcta preservación de lugares de intervención, procesamiento técnico-científico de indicios y manejo adecuado de la cadena de custodia.
La Recomendación 11/2026 fue notificada a las autoridades el 27 de febrero de 2026, las cuales cuentan con un plazo para informar sobre su aceptación y, en su caso, presentar las pruebas de cumplimiento.
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Adrián Montiel
Periodista de investigación.
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