Por: Dulce Soto
Érika* transicionó a Leo dentro del penal de Santa Martha Acatitla, donde lleva 18 años preso. Ahí estudia Derecho, consiguió rebajar su sentencia y, posteriormente, su preliberación. Logró un tratamiento hormonal y, además, lucha por incorporar a su caso la perspectiva de género. Leo ha vencido todos los obstáculos, menos uno: que el sistema judicial cumpla su responsabilidad. El costo de un brazalete electrónico, que corresponde pagar al Estado, le ha impedido salir de la cárcel. Sin embargo, parece estar a un paso de recuperar su plena libertad.
I. La condena no acaba
La noticia le llegó el 18 de febrero de 2020, cuando tenía 35 años. Tras pasar casi la mitad de su vida en prisión, un juez le otorgó, por fin, la libertad condicional. Durante tres años, Érika Martínez luchó en tribunales por este beneficio, que se otorga a las personas privadas de la libertad que cumplieron 50% de su sentencia con buena conducta y no tienen otros procesos penales en su contra.
La resolución del juez parecía abrirle la puerta a la libertad, pero un requisito adicional se la cerró de nuevo: debía usar un brazalete electrónico para ser monitoreada fuera de la cárcel por el resto de su condena. Y ella, o su familia, debían pagar los 92,600 pesos que cobra una empresa privada por la renta del brazalete.
“Yo le dije al juez: ‘No tengo ni siquiera 5 mil, ¿Cómo cree? ¿Cómo voy a pagar un monitoreo?’ Y me contesta que yo debí haber previsto ese gasto. Le dije al juez: ‘¡Si la ley no cobra por irse libre! Eso es lo que se supone. Y, aparte, por una cuestión económica, nadie puede permanecer en reclusión’”, narra Érika en entrevista.
Ilustración: Iurhi Peña. Fecha de publicación: 15 de diciembre, 2021
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