Mientras que a principios de la década de 1990 Juárez se convirtió en noticia internacional por los asesinatos de mujeres, hoy esta ciudad ocupa el primer lugar entre los 100 municipios con más feminicidios de todo el país
Texto: Itzel Ramírez
Fotografías: Rey R. Jauregui
Ciudad Juárez, Chihuahua.- Sin importar los cambios de gobierno, la aprobación de leyes o la creación de instituciones especializadas, Ciudad Juárez sigue siendo uno de los municipios más violentos contra las mujeres según las cifras oficiales de incidencia delictiva en México.
La violencia contra las mujeres en la región llevó a que el pasado 24 de junio de 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Estatal de Chihuahua solicitaran una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para los municipios de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Guadalupe y Calvo.
Hasta la fecha no se ha entregado el informe para determinar la viabilidad de la alerta, por lo que ayer el Congreso del Estado emitió un exhorto a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para conocer el estado que guarda la solicitud.
Mientras que en la década de 1990 Juárez se convirtió en noticia internacional por los asesinatos de mujeres, hoy esta ciudad sigue a la cabeza de los feminicidios cometidos en todo el país, por encima de Tijuana, Monterrey, Culiacán, Iztapalapa y Chihuahua.
El más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que Juárez ocupaba el primer lugar entre los 100 municipios con más feminicidios de todo el país en el periodo enero-septiembre de 2020, al acumular 18 casos; una cifra que representa un incremento del 50 por ciento respecto del año pasado, cuando se registraron 12 casos en total.
Pese a que desde 2009 la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero se refirió al homicidio de mujer por razones de género, fue hasta noviembre de 2017 cuando Chihuahua incorporó el tipo penal a su legislación interna –aunque sin la denominación de “feminicidio”–.
Aun con la tipificación del homicidio por razones de género y con la creación en 2012 de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), la justicia para las víctimas de feminicidio y para sus familias está lejos de llegar. Los registros de la Fiscalía General del Estado indican que de los 40 feminicidios cometidos en Juárez entre 2017 y 2019, la mayoría (29) están en proceso de investigación y solamente tres han recibido sentencia.
Hace poco más de un mes, el pasado 20 de octubre, el Congreso del Estado aprobó una modificación para incluir el término feminicidio dentro del Código Penal, en sustitución del tipo penal de homicidio doloso por razones de género.
Hasta hoy, el gobierno de Chihuahua no ha publicado la reforma en el Periódico Oficial del Estado, por lo que la modificación al artículo 126 bis permanece sin efectos.
A propósito, el diputado Benjamín Carrera considera que la omisión del Ejecutivo refleja la falta de interés en el combate a la violencia contra las mujeres.
“Al Gobierno del Estado de Chihuahua parece ser que tiene otro tipo de urgencias, le preocupa muy poco este tema. Se está revictimizando a las mujeres víctimas de violencia en el Estado y que muestra una clara indolencia del Gobierno del Estado en combatir este delito”, manifiesta el legislador.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la activista Cecilia Espinoza apunta que uno de los más grandes pendientes de las políticas públicas para atender la incidencia delictiva de género es la suficiencia presupuestal.
“Sí es de reconocer el avance de contar con leyes, con políticas y con instituciones que se han creado gracias a la movilización, al planteamiento de mujeres, de defensoras, pero hay temas en los que todavía no logramos tener gran incidencia, como es en el tema presupuestal, sigue habiendo la creación de leyes o instituciones con bajo presupuesto”, comenta Espinoza.
A la par de garantizar recursos económicos para incidir en las políticas públicas destinadas a la equidad de género, la activista señala que se requiere de gobiernos asuman el compromiso de dar seguimiento y sentar las bases para modificar el actuar de las instituciones.
“Requerimos una mirada más estratégica del uso de los recursos, de lo contrario seguiremos viendo cómo una administración tras otra se colocan las mismas propuestas una y otra vez porque no hay un seguimiento”, añade.
Un ejemplo de las fallas en la aplicación de políticas públicas se ve en la capacitación del personal que atiende problemáticas de género, comenta Espinoza.
“Mucho del presupuesto de la Fiscalía de Género se va al personal, pero hasta ahorita se tiene todavía la demanda para que haya suficiencia de personal para atender la demanda que existe en la ciudad para toda la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Después hay que reconocer que ese personal requiere formación, capacitación y evaluación constante y esa es una tarea de seguimiento que nos toca hacer desde la sociedad civil”, resalta.
La cultura machista y el sistema patriarcal dentro de los espacios de toma de decisiones agravan la posibilidad de acceso a la justicia y de progresos significativos en la materia, opina Espinoza.
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